Esta 11.a edición del Informe destaca la creciente tendencia de donantes y organismos humanitarios a concentrar sus esfuerzos de ayuda en conflictos armados de relevancia que obedecen a estrategias políticas, como los de Afganistán e Iraq, mientras que se atiende muy poco a emergencias crónicas como las que afectan a Angola, R. D. Congo y Somalia.

En el Informe también se examina el creciente papel humanitario que desempeñan las fuerzas armadas en aquellos conflictos donde están en juego intereses geoestratégicos de Occidente. Muchos organismos humanitarios temen que los cambios de régimen en Kosovo, Afganistán e Iraq hayan hecho desvanecer la demarcación que existía entre asistencia humanitaria civil y asistencia humanitaria militar, lo que podría implicar que no se respete la imparcialidad de los trabajadores humanitarios.

En cierta medida, los propios organismos de ayuda son también responsables de que no se atiendan algunas emergencias crónicas. La precariedad de la recopilación de datos, el intercambio de información y la colaboración entre organismos ha contribuido a que la comunidad internacional desconozca la verdadera dimensión del sufrimiento que conllevan muchas crisis; de ahí que en algunos casos, se preste una ayuda inapropiada.

Por otra parte, en el Informe también se critica a los organismos internacionales porque cuando llegan a un país en plena fase de emergencia, minan la capacidad de las ONG locales y las autoridades nacionales, en lugar de cimentarla. Desde la caída del régimen talibán, y la llegada a Afganistán de más de 350 organismos internacionales de ayuda hizo que los alquileres y los salarios se dispararán, acaparando a la mayoría de afganos calificados y con experiencia que hasta entonces trabajaban en dependencias gubernamentales y servicios públicos. Actualmente, el chofer de la Embajada de EE.UU. en Kabul gana 500 dólares al mes y un doctor del servicio público, apenas 45 dólares mensuales.

Hoy en día, los conflictos armados y los desastres suponen una constante prueba de fuego para los valores y principios morales que preconizan los organismos humanitarios. En el Informe se subraya la necesidad de que estos organismos realicen mejores análisis sobre su labor con el objetivo de establecer el debido equilibrio entre la defensa de la causa humanitaria y la acción en el terreno.

Los principios humanitarios también entran en juego cuando se trata de los derechos y el bienestar de los migrantes, que cada vez, corren más peligro. Unos 50 millones de migrantes forzosos y desplazados internos siguen siendo invisibles a los ojos de la ayuda y el derecho. En el Informe se puntualiza que la "crisis del asilo" que atraviesa el mundo estriba en que se gasta más dinero para impedir que los solicitantes de asilo entren en el Norte y no lo suficiente para ayudarles en el Sur.

El hecho de que los gobiernos occidentales hayan decidido aplicar controles de inmigración más estrictos para prevenir la entrada de presuntos terroristas, genera inquietud sobre la discriminación por motivos de religión o nacionalidad. Actualmente, en Estados Unidos, los nacionales de 25 países (principalmente islámicos), están obligados a inscribirse en el registro de las autoridades de inmigración. Asimismo, se teme que estos controles tan estrictos sean terreno fértil para las redes de trata de seres humanos en las que caen hasta cuatro millones de víctimas al año.

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