No García, así no vale crecer
Paola Saenz Ramírez
Algunos analistas señalan que el Gobierno peruano deberá afrontar mayores y más graves consecuencias del terremoto del día 15 de agosto en Perú (que con 7.9 grados en la escala de Richter y una duración de más de 100 segundos, es uno de los más fuertes que se han registrado en los últimos tiempos) debido principalmente a la falta de una adecuada política de gestión del riesgo, la falta de preparación para desastres y la ausencia de sistemas de alerta temprana.
Para quien redacta, la pérdida de más de 510 vidas, la verificación de cifras que bordean los 1.500 heridos, las 16.669 viviendas destruidas o los 85.000 damnificados en las regiones de Ica y Lima, obligan a que este problema no se responda de una manera tan simplista. Lo que verdaderamente ha puesto de manifiesto un evento natural de esta envergadura son las deficitarias infraestructuras sociopolíticas y económicas que a todas luces no corresponden con al tan laureado crecimiento económico que se ha verificado en Perú en los últimos años(1). En efecto, este crecimiento no se ha traducido en una reducción de la vulnerabilidad humana ni en mecanismos capaces de lograr una reacción oportuna ante una crisis como la que actualmente enfrenta el país, sobretodo si se tiene en cuenta que es proclive a desastres naturales de este tipo. Particularmente, cabe mencionar que conforme al último censo del 2005, Ica es uno de los departamentos más pobres del Perú con cerca de un 29,2% de pobreza absoluta. Alrededor del 22.5% de la población vive con al menos una necesidad básica insatisfecha y un gran porcentaje de las viviendas en zonas urbanas y rurales presentan características inadecuadas de habitabilidad. Pese a estas características, el monto destinado a proyectos de inversión pública y/o programas sociales en el año 2005 fue del 1.04% del total destinado por el gobierno a este rubro(2).
Diversos analistas afirman que el crecimiento económico es una condición necesaria para lograr el desarrollo humano y la reducción de la vulnerabilidad ante las emergencias. Se señala que constituye una solución sostenible del problema de la pobreza y la inseguridad alimentaria dado que al aumentar los ingresos y la riqueza de las personas se produce una inmediata mejora en su acceso a los alimentos y a mejores condiciones de vida que van a reducir su vulnerabilidad a las adversidades económicas, sociales, políticas, etc.
No obstante, la realidad peruana demuestra que el crecimiento económico no siempre es seguido por la solución de dichos problemas. Está demostrado que los beneficios del crecimiento económico no son automáticos ni suficientes dado que van a estar condicionados por diversos factores tales como las políticas aplicadas, la distribución de activos y rentas, la desigualdad social y el patrón de equidad o inequidad que tiende a reproducirse. Evidentemente, la desigualdad tiene diversos componentes sociales, económicos y políticos que al no ser atendidos van a determinar la brecha social incompatible con un crecimiento equitativo y por ende, con el desarrollo humano. Lamentablemente, en el caso peruano se verifica dicha incompatibilidad entre crecimiento y mejoras distributivas y sociales que se explicaría por una aguda polarización del ingreso.
El contar con recursos económicos, derivados de este crecimiento económico, ha permitido que el gobierno haga promesas y/o despliegue acciones meramente reactivas que no calzan con el supuesto plan de emergencia con el que cuenta el Sistema Nacional de Defensa Civil. Por ejemplo, mediante decreto de urgencia, se ha prometido una ayuda de 1.000 soles (234€) para sepelios y 6.000 soles (1.408€) para viviendas destruidas, a las familias de las zonas más afectadas en la provincia de Ica (particularmente Chincha y Pisco) y de algunas zonas de la provincia de Lima (Cañete). Sin embargo, sería interesante que el presidente García explique cómo se va a efectivizar este tipo de ayuda en un contexto donde impera el caos y donde lo más urgente es tomar medidas básicas que contribuyan a reducir el sufrimiento actual de miles de damnificados. Entre las necesidades más urgentes están la falta hospitales de campaña y médicos puesto que los que están en la zona se ven totalmente desbordados y las posibilidades de evacuar a algunos heridos a Lima es limitada debido a las condiciones de las carreteras. Asimismo, es importante recordar que Perú es un país con diferentes enfermedades endémicas y la existencia de un gran número de fallecidos así como la falta de agua potable constituye una amenaza para el desencadenamiento de brotes epidémicos.
Entendemos que se requiera un tiempo mínimo de reacción post emergencia pero deja mucho que desear la “celeridad” en la toma de decisiones y en la implementación de acciones mínimas como la recuperación de las carreteras y otros medios de comunicación.
Adicionalmente, no queda claro porqué, si el país cuenta con una Reserva de Contingencia consignada en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (producto también del referido crecimiento económico) y con un cuerpo militar con experiencia previa para actuar en este tipo de situaciones (recordemos el terremoto del 2001 que afectó gran parte de la zona sur del país, particularmente las provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna), el viaje del señor presidente a las zonas de emergencia no ha ido en paralelo con planes concretos de actuación o de un importante despliegue logístico y de recursos humanos.
Resulta evidente que el crecimiento económico per se, no solucionará de forma absoluta todos los problemas de vulnerabilidad e inseguridad. Por ello, es imperativo que el gobierno recuerde que cumplir con el contrato social no sólo implica crecer económicamente sino también prevenir que, como dijera Kofi Anan, “amenazas identificables se conviertan en realidades terribles”. Indiscutiblemente, desarrollar medidas en esta línea va a estar condicionado por el mayor o menor grado de voluntad y de consenso político. Entonces, ¿cual será la voluntad política para los años que restan al presente gobierno?
(1) Durante los últimos 10 años, abarcando los gobiernos de Fujimori, Toledo y García, en el Perú se ha verificado un importante crecimiento sostenido con tasas porcentuales que oscilan entre el 3,5% y el 7% anual y con índices sumamente bajos de inflación que dejan atrás cifras de tres dígitos experimentadas en los años 80. Se estima que para el 2009, el producto bruto interno superará los 120 mil millones de dólares. Sin embargo, más del 50% de una población de 25 millones vive bajo la línea de la pobreza.
(2) Fuente: Instituto Nacional de estadísticas e Informática del Perú (INEI). http://www.inei.gob.pe
Comentarios: paolasaenzr@yahoo.es
* Paola Saenz Ramírez – abogada, colaboradora de IECAH. Peruana.
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