Enfermedades de la globalización
Francisco Rey Marcos. 13 de abril de 2007.
Los efectos de las políticas neoliberales sobre los sistemas y servicios de salud y sobre las prestaciones que finalmente se dan a los ciudadanos, comienzan a ser evidentes en todo el mundo. La imagen de grandes hospitales públicos que atendían a población pobre, abandonados por supuesta falta de medios, mientras florecen clínicas privadas dedicadas a la cirugía estética, es ya habitual por toda América Latina. El aumento de gente que no accede a los servicios de salud en África, por no poder asumir el “co-pago” de los servicios (el famoso “cost recovery”), es también evidente y está agravando algunos problemas de salud en el continente. La privatización de servicios en muchos países asiáticos o del Este de Europa está dejando a millones de personas fuera de los sistemas de salud. Como recuerdan las organizaciones humanitarias, se está muy lejos de cumplir lo proclamado en la Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de que “la salud pública está por encima de cualquier interés comercial”. Pero, tal vez, dónde se evidencia más el impacto de la cacareada globalización sobre la salud de los ciudadanos sea en las políticas de acceso a medicamentos y, sobre todo, a aquellos considerados esenciales. El reciente juicio perdido por Pfizer en Estados Unidos, el desarrollo del juicio sobre el recurso de Novartis en la India y la reciente “rebelión” de Tailandia y otros países asiáticos frente a Abbott, por la importación de medicamentos genéricos contra el VIH-Sida, han vuelto a poner de actualidad la cuestión del acceso a los medicamentos y el papel de los laboratorios farmacéuticos al respecto. Las diversas interpretaciones que se dan a los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la OMC por parte de los países afectados y las compañías farmacéuticas están en la base de esas disputas. La producción de medicamentos genéricos en ciertos países en desarrollo, como India o Brasil, durante la última década ha tenido un espectacular efecto positivo sobre la salud de millones de personas en todo el mundo. India se ha convertido en la farmacia de los países pobres y gracias a su masiva producción de ciertos genéricos, el precio de algunos medicamentos ha podido reducirse de modo importante. El que muchos tratamientos contra el VIH-Sida hayan reducido su coste, de 10.000 euros al año a poco más de 130 euros, ha hecho posible el tratamiento con antiretrovirales a miles de pacientes en Zimbabue, Lesotho o Nigeria. Incluso, como ha puesto de manifiesto la Presidenta de la sección española de Médicos sin Fronteras, Paula Farias, “el programa del presidente Bush para el Sida (PEBFAR) compra genéricos en India para su distribución a los países en desarrollo, lo que le permite ahorrar hasta un 90% de los gastos”. En otros medicamentos también la “farmacia india” es muy relevante, y se calcula que el 50% de los medicamentos que usa UNICEF en países en desarrollo procede de India. Lo que suceda por tanto con el juicio de Novartis en la India puede afectar dramáticamente a la provisión de medicamentos a los sectores más necesitados. Los argumentos de las empresas farmacéuticas para proteger sus intereses son, cuando menos, discutibles. Es cierto que la creación de nuevos medicamentos con nuevos beneficios terapéuticos requiere de innovación, pero un análisis de muchas de las nuevas patentes realizadas por los laboratorios muestra que no representan beneficios terapéuticos respecto de los ya existentes. Por otra parte, la investigación farmacéutica utiliza también los resultados de investigaciones realizadas con fondos públicos; es decir no tiene el monopolio de la innovación en esta materia. Además, las empresas farmacéuticas apenas dedican recursos a enfermedades que todavía afectan a países en desarrollo como la enfermedad del sueño, la malaria o el Chagas y, sin embargo, gastan enormes cantidades en fármacos contra la obesidad, la disfunción eréctil o los productos cosméticos. Tampoco es un argumento suficiente el que las empresas realicen donaciones de ciertos productos o hayan creado fundaciones filantrópicas para ello. No se trata de caridad sino de una utilización razonable de recursos en beneficio de los más necesitados.
En este complejo contexto que ha judicializado un tema tan básico como el acceso a la salud. La decisión del Ministro de Salud de Tailandia, Mongkol Na Songha, que autoriza la importación a su país del genérico de Kaletra- fármaco antiretroviral comercializado por el laboratorio Abbott- en aplicación del acuerdo de la OMC sobre licencias obligatorias, supone otra vuelta de tuerca más en la pugna entre las multinacionales farmacéuticas y los países que, como Tailandia, tienen medio millón de personas contaminadas por el VIH. En este caso, algunos países desarrollados, 22 senadores estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia Fundación Clinton han apoyado la decisión tailandesa, pero la respuesta de Abbott, como anteriormente la de Novartis en India, ha sido la misma: “Tailandia no está entre los países más pobres del mundo y debe contribuir a financiar la innovación”. En pocas palabras, debe pagar.
Veremos en los próximos meses la evolución de este tema que se ha convertido, sin duda, en uno de los síntomas de las patologías que afectan a nuestro mundo y que no parece que vaya a experimentar curación con la receta habitual de ¡más mercado!
Comentarios: francisco.rey@iecah.org
* Francisco Rey Marcos – Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Texto para Radio Nederland, 30 de marzo de 2007.
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